La Reforma Agraria (II)

Entre las medidas adoptadas, se prohibió a los propietarios de las tierras la expulsión de los campesinos arrendatarios y la aplicación de la jornada de 8 horas a los jornaleros, equiparándoles a los obreros industriales; también se obligó a contratar a los jornaleros del municipio y se obligó a los propietarios que cultivaran sus tierras para evitar que los terratenientes boicotearan a la República, dejando las tierras sin cultivar. Sin embargo, la reforma representó una gran frustración para los campesinos, durante este primer periodo de aplicación, debido al retraso en elaborar esta ley y la lentitud del IRA para cumplimentar el inventario de tierras expropiables. El problema venía también a la hora de financiar la reforma, pues las expropiaciones requerían de un gran capital para efectuar las indemnizaciones a los antigüos propietarios de la tierra, y el sistema financiero español era incapaz de  facilitarlo. Todo esto provocó el desencanto entre los campesinos, pero también entre los propietarios, opuestos al régimen y a las expropiaciones.

En este ambiente, las derechas ganaron las elecciones de 1933 y le dieron la vuelta a la ley. El 11 de febrero de 1934 la Reforma fue suprimida mediante una Ley de Contrareforma Agraria y no volvió a ser reanudada hasta la entrada en el gobierno del Frente Popular (partidos republicanos) en febrero de 1936.

Fue a partir de esta fecha cuando se produjeron el mayor número de expropiaciones y asentamientos de campesinos en las nuevas tierras. Si, hasta diciembre de 1934, el número de asentamientos había sido de 12.260, entre marzo y julio de 1936 se realizarían un total de 110.921, lo cual da idea de la reanudación de los mismos. Lamentablemente, en julio de 1936 estallaría el conflicto bélico que volvería a paralizar, definitivamente, esta reforma.